Cancún.-Tras una diligencia de varias horas, la fiscal de la FGR en Cancún, Citlali Moreno Navarrete, hizo entrega de dos propiedades ubicadas, una en la avenida Cobá y otra en la calle Robalo de la SM3, al empresario Florian Tudor, luego de que un juez federal ordenó su devolución de estos inmuebles tras no encontrar delito contra sus propietarios.
Tras un largo proceso de casi cuatro meses en que un fiscal de la FGR intentó incriminar al propietario mediante diversos argumentos calificados de ilegales por varios jueces que llevaron el caso, por fin se hizo justica con la devolución de los inmuebles, sin embargo salió a la luz un millonario saqueo en dichas propiedades.
El recibir la casa ubicada en la avenida Cobá de la SM 26, que funciona como oficina, se detectó que policías se llevaron al menos cinco pantallas planas de 50 pulgadas, nueve computadoras E Mac, una caja fuerte con dinero, estatuillas de bronce, candelabros, cuatro teléfonos celulares, un dispensor de agua, un horno microondas y hasta una cafetera entre otras cosas.
En la casa de la calle Robalo, se llevaron dos cajas fuertes, 8 relojes Rolex, otros relojes finos y joyas marca Cartier, diamantes y dinero en efectivo, entre otros valores.
Se estima que en suman el robo o saqueo a dichas propiedades por parte de los policías y fiscales que entraron y cartearon las propiedades, supera los 2 millones de dólares en especie.
Abogados de los empresarios afectados, señalaron que interpondrán una denuncia penal por el robo de pertenencias y valores de que fueron víctimas sus clientes, durante la diligencia judicial que lejos de ser un cateo se convirtió en un saqueo.
Cabe señalar que dichos cateos fueron calificados como ilegales por parte de un juez de distrito y un juez de control, por las formas y el procedimiento con que se ejecutaron, además de los abusos, atropellos, golpes, gritos y amenazas de los policías ministeriales que realizaron la diligencia, que más bien se convirtió en un asalto armado y una pesadilla para la familia del empresario afectado.
En una denuncia interpuesta ante la Visitaduría General de la FGR, la Fiscalía federal Anticorrupción, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Secretaría de la Función Pública, se denunciaron en su momento los atropellos, abusos y robo de que fueron objetos los afectados.
Dichos cateos fueron solicitados y ejecutados por los fiscales Cesar Eduardo Cervantes Saavedra y Enrique Pérez García, sobre quienes pesa una investigación intento de extorsión y los delitos cometidos en este caso, asentado en las carpetas de investigación 127/2019 y 151/2019.
Es preciso señalar que el despido del delegado de la PGR, Javier Ocampo García y la subdelegada Bertha Cordero Reyes, quienes estaban detrás de la persecución de dichos empresarios, el proceso se agilizó, y los afectados pudieron recuperar sus bienes mediante audiencias celebradas en los juzgados del Centro de Justicia Penal Federal en Quintana Roo.
Abogados señalaron que con la nueva administración en la FGR, es notorio que hay un cambio y voluntad de las nuevas autoridades encargadas de apegarse a la ley y limpiar el resto de pudredumbre que aún queda en esa dependencia y que se debe sanear para beneficio de la sociedad.
