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martes 17 de septiembre de 2019
SIN RESERVA

“Podrida” la FGR en Cancún

Destapan red de corruptelas entre la Fiscalía Federal, Ministerios Públicos de Juzgados de Distritos y jueces para extorsionar a empresarios en Cancún.

Por Víctor Flores

Un cateo inducido al bar Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, derivado de un expediente “fabricado” para obtener una orden de allanamiento con propósito de intimidar e incriminar a dicho centro nocturno, ha dejado al descubierto las redes de corrupción que imperan en la Fiscalía General de la República delegación Cancún y agentes del Ministerio Público adscritos al Juzgado Cuarto de Distrito en Cancún.

La denuncia del bufete de abogados que lleva el caso Dassan, ha sustentado que detrás de los cateos y las investigaciones que realiza la FGR, hay una serie de irregularidades, inconsistencias, violaciones a la ley y otros delitos que evidencian que los funcionarios al frente de estas instituciones actúan como “delincuentes con charola”.

La historia se remonta a la madrugada del 15 de marzo pasado cuando un comando armado de agentes ministeriales de la FGR de Cancún, encapuchados y forma gansteril,  irrumpieron en el bar Dassan Golde Palace, en busca de drogas y armas con una orden de cateo autorizada por un juez, en el que se cometieron una serie de atropellos, violaciones a la ley y el robo (según establece la denuncia) de teléfonos celulares, equipo de cómputo, documentos y dinero en efectivo cercano al millón de pesos.

Como resultado de los excesos cometidos en dicho cateo, la empresa Operadora de Restaurantes Triangulo del Sol S.A. de C.V. interpuso un amparo contra dichos actos (430/2019) mediante el cual se le concedió la suspensión provisional.

Sin embargo el trasfondo de dicho caso, revela que hubo un intento de extorsión, por parte de autoridades federales al negocio por presuntamente haber trata de blancas entre las bailarinas que laboraban en dicho centro nocturno.

Al no llegar a ningún acuerdo, la Fiscalía General de la República a cargo de su delegado, Enrique Pérez García en Cancún, “armó” un expediente, para solicitar a un juez una orden de cateo en busca de drogas y armas en dicho establecimiento y de esta manera presionar o incriminar a dicho negocio.

A pesar de que el expediente mediante el cual se solicitó la orden de cateo estaba plagado de inconsistencias, el juez en turno otorgó la orden de cateo, pero lo hizo de manera restringida, única y exclusivamente para la búsqueda de drogas y armas en dicho bar.

A pesar de ello, los policías ministeriales que ejecutaron el cateo, irrumpieron de forma violenta, rompiendo cámaras de videograbación del establecimiento y “robando” teléfonos móviles de empleados, equipo de cómputo, dinero y documentos, además de detener a meseros, y bailarinas de dicho lugar.

Los policías que participaron en el operativo, violaron a placer la orden de cateo, razón por la cual se interpuso la solicitud de amparo y las denuncias correspondientes.

El abogado, José Landeta Villanueva, confirmó que ya interpuso la denuncia por robo contra los policías ministeriales de la FGR que causaron daños al establecimiento y se llevaron dichos aparatos y dinero.

Estas denuncias obligaban al Fiscal de la PGR Cancún, rendir un informe o responder a las acusaciones de los abogados del bar Dassan, lo cual no hizo en tiempo y forma.

Lo más lamentable, fue que el Agente el Ministerio Público adscrito al juzgado Cuarto de Distrito, Isaac Rodrigo Jiménez Torrez, falseó declaraciones para proteger al Fiscal, al sostener que el funcionario federal si respondió con el informe solicitado, (lo cual no hizo) y de esta forma negar el amparo definitivo a la empresa afectada.

Ante la falsedad de las declaraciones del MP adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito, los abogados del bar Dassan, recurrieron a un tribunal de alzada, para denunciar las violaciones a Ley de Amparo y las complicidades con que se mueven estos funcionarios federales en Cancún para vulnerar la constitucionalidad de mandato de la corte y entorpecer la entrega de una suspensión definitiva.

Se trata de violaciones a la ley que quedan en evidencia por parte de funcionarios federales que han conformado una red de protección y corrupción, que ya fue denunciada ante la Visitaduría General de la República, para que se aplique el castigo correspondiente a los malos funcionarios.

El castigo a dichos funcionarios federales podría ir desde su inhabilitación de 3 a 9 años para ocupar cargos públicos, hasta la cárcel y multa de más de 500 salarios mínimos, según lo establece el artículo 262 de la Ley General de Amparo.

Por lo pronto el próximo 11 de junio se realizará una nueva audiencia pública en la Sala Constitucional donde las autoridades federales deberán entregar la suspensión definitiva a dicho establecimiento y proceder legalmente contra quienes desde el poder intentaron torcer la ley y entorpecer la aplicación de la justicia.

Espero sus comentarios, opiniones y sugerencias Sin Reserva en vfloresh@hotmailcom

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