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miércoles 23 de octubre de 2019
SIN RESERVA

PROCURA FGR ¿CATEOS O SAQUEOS?

En manos de quienes estamos, de ¿fiscales o delincuentes?

Por Víctor Flores

Los millonarios robos perpetrados a negocios y domicilios particulares de empresarios en Cancún mediante el cateo a sus propiedades por parte de Agentes del Ministerio Público Federal, llámese “fiscales” y policías ministeriales federales activos o inactivos, dejó al descubierto el “cartel de corrupción” que ha imperado en la delegación estatal de la FGR en Quintana Roo.

No se trata de un hecho aislado, son al menos cinco las denuncias de diferentes empresarios radicados en Cancún, mexicanos y extranjeros, las que exhiben las corruptelas de la FGR y la conformación de un grupo delictivo integrado por funcionarios, policías y ex policías, al servicio de esta dependencia que tiene como fin proteger y defender los intereses de la sociedad.

Según establece el artículo 193 de la Constitución Política Mexicana, la función de la FGR es defender los intereses del estado y la sociedad, y promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad.

Esto en la FGR Quintana Roo, ha sido letra muerta, fiscales y policías de esta dependencia se han dado a la tarea de fabricar expedientes judiciales para amenazar y extorsionar a empresarios locales y en su caso a saquear sus propiedades con charola en mano.

Las denuncias que se han consignado en últimas fechas ante la Visitaduría General de la FGR, órgano de control de esta dependencia, así como ante la Fiscalía Federal Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública y hasta en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirman que funcionarios de la delegación de la FGR en Quintana Roo han operado como “mafia” y encontrado en las órdenes de cateo, un mecanismo para extorsionar, robar y saquear propiedades hasta hoy en día de manera impune.

Las pruebas documentadas en las denuncias interpuestas ante el órgano de control de la propia FGR a nivel central, confirman el “modus operandi” y los alcances que ha tenido esta complicidad delictiva al interior de la Fiscalía General de la República en Quintana Roo.

Como resultado de algunas denuncias sobre el “cochinero” al interior de la FGR con sede en Cancún, el pasado mes de septiembre fueron cesados de su cargo de manera fulminante el delegado Javier Ocampo García y la Subdelegada Bertha Córdero Reyes, quienes incluso han recurrido al amparo, contra una posible orden de aprehensión, ya que son objeto de investigaciones por parte de la Subprocuduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

En medio del escándalo y corrupción detectada en la delegación Quintana Roo, fueron las primeras cabezas en caer, sin embargo, aún hace falta ir más a fondo en la limpia, porque no actuaban solos y tenían a fiscales y policías como sus brazos operativos y ejecutores.

Lo más grave aún, es que hay la firma sospecha, que fiscales (AMPF) aun en funciones en esta delegación habrían recurrido a policías activos e “inactivos” para ejecutar los cateos, la rapiña y saqueos a negocios, oficinas, domicilios particulares y ranchos.

En caso de confirmarse esta sospecha, estaríamos ante un caso de delincuencia organizada, donde funcionarios se coluden con policías inactivos para delinquir, ya que además las órdenes de cateos se han solicitado con información falsa y de manera dolosa.

Todo ello, está asentado en las denuncias respectivas, ya que la actuación de los malos funcionarios públicos federales, no solo ha quedado la fabricación de expedientes, amenazas, extorsiones y millonario robo, sino que han provocado daños y perjuicios a empresas y empresarios locales que han tenido que cerrar sus negocios, perder contratos importantes y despedir a su personal.

Jueces los exhiben las corruptelas

Ante la férrea defensa de abogados en cada uno de los casos, jueces del Tribunal Unitario y jueces de control han revirado dichos cateos por considerarlos ilegales.

En audiencias públicas celebradas en el Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, distintos jueces han anulado los cateos ejercidos por los fiscales y policías ministeriales de la FGR por fallas en su procedimiento y en sus ejecuciones, independientemente de los abusos, daños y robos que se han denunciado en cada una de esas diligencias.

Los cateos promovidos por la Fiscalía, se han convertido en un asalto a mano armada por la forma gansteril en que se han ejecutado, y casi siempre en busca de dinero y otros valores, además de violentar las propias órdenes de cateo, que han sido limitadas a la búsqueda de armas y drogas según se presume en cada caso y en cada argumento de los fiscales de la FGR.

El abuso en el ejercicio de la función pública de los fiscales señalados, va más allá del saqueo a propiedades y daño a empresarios, debido a que sus “presunciones” y ánimo de extorsión han dañado a la sociedad empresarial.

Dinero en efectivo, joyas, diamantes, relojes finos, obras de arte, computadoras, pantallas de televisión, candelabros, teléfonos celulares, hornos microondas, enfriadores, ropa, videojuegos, estatuillas de bronce, vehículos, cuatrimotos, maquinaria pesada y animales como perros de raza y caballos finos, son parte del botín de los cateos.

El “saqueo con charola” como dijera uno de los abogados, supera los 40 millones de pesos y el daño causado a empresas y empresarios por supuestos delitos que se han caído por falta de pruebas, es millonario e irreversible.

¿Quién responderá por todo esto?

El caso está bajo la lupa de la Visitaduría General de la FGR a nivel central y de la Seido, incluso ya se ha intervenido dicha delegación estatal y destituido al delegado y subdelegada, pero hace falta limpiar a fondo la corrupción arraigada y eliminar las manzanas “podridas” que aún quedan.

Es tarea de la Visitaduría General, limpiar el “cochinero, nombrar la comisión especial para vigilar el sano cumplimiento de las funciones de la dependencia.

Es obligación de la FGR, nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias a los funcionarios, fiscales y empleados de la propia dependencia cuando hay indicios o pruebas de corrupción o nexos con la delincuencia organizada.

Y en su caso promover el enjuiciamiento de funcionarios que han atentado contra la sociedad y abusado del cargo encomendado. De ser necesario promover la acción penal de oficio o a petición de parte, si  se integran las pruebas de las diversas denuncias interpuestas y la investigación interna de este caso que ya es box populi en Quintana Roo.

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