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lunes 18 de octubre de 2021
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Aflora la corrupción en los juzgados mercantiles de Quintana Roo

*La Juez Tercero de lo Mercantil María del Rosario Pérez Basto y el ejercicio ilícito del poder

Por Víctor Flores

La corrupción en los aparatos de justicia y en la administración de la justicia, son un fenómeno que se ha arraigado en el poder judicial, los órganos de control han perdido credibilidad y cada día surgen nuevos casos para su cuestionamiento.

Ante estos hechos, la constitucionalidad y la legalidad que deben impartir los juzgadores queda en entredicho y sus decisiones, tienen entre otras implicaciones, consecuencias sociales, políticas o económicas muy cuantiosas.

La reciente denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGE de Quintana Roo, contra a Juez Tercero de lo Mercantil del Distrito Judicial de Cancún, María del Rosario Pérez Basto, es una más las evidencias de corrupción que imperan en los aparatos de justicia de la entidad, donde lo que menos predomina es imparcialidad, independencia, profesionalismo y probidad.

En la demanda asentada en la carpeta FGE/QR/FECC/CAN/0340/09/2021, se denuncia la juez María del Rosario Pérez Basto de abuso de autoridad,  ejercicio ilícito del poder en contra de la administración de justicia y probables hechos de corrupción.

En la querella se da detalles de su irregular y sospechosa actuación como juez e impartidora de justicia, por presuntos actos arbitrarios cometidos en relación al juicio de una demanda millonaria bajo el expediente 716/2015, y un diverso que se tramitó en la vía de apremio 152/2016, el cual se ventila en dicho juzgado.

En la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, los abogados de la empresa “Comercializadora Time Share Internacional S.A. de C.V.”, enumeran todo el historial de artimañas al que ha recurrido la juez María del Rosario Pérez Basto, excediéndose de sus funciones en contubernio con los socios de la cadena hotelera del GRUPO SUNSET.

Exponen como la imputada se ha dedicado sistemáticamente a dictar negativas a la parte demandante, vulnerando sus derechos, excediéndose de sus funciones y negando el acceso a la justicia.

Se trata nada menos de un conflicto por un adeudo del Grupo Hotelero Sunset de 126’972,445 DÓLARES (Ciento veintiséis millones novecientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco dólares americanos) y a quien la cuestionada juez levantó recientemente un embargo de inmuebles en favor de las empresas demandas.

Sí del “Grupo Sunset” que encabezan los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, de un conflicto legal y adeudo de más de cinco años a Comercializadora Time Share International S.A. de C.V.

Un lío legal con mucho trasfondo, con mucho dinero de por medio entre la empresa demandante y los hermanos Arroyo, que también defraudaron a su extinto socio el empresario Arturo Marcelín.

La juez inmiscuida en este caso, ha faltado a la verdad, recurrido a tácticas dilatorias y favorecido durante el largo juicios a los hermanos Arroyo, a tal grado que en la demanda interpuesta en la Fiscalía Anticorrupción se solicita que sus movimientos financieros de ella y su familiares más cercanos, sean investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la sospecha de los sobornos recibidos.

La juez, acusan, ha levantado dicho embargo liberando de manera manipuladora e ilícita al Grupo Sunset de la obligación de pagar su deuda a Comercializadora Time Share Internacional, y no solo eso, burlándose incluso del Delegado del Registro Público de la Propiedad.

Esta deuda millonaria de Grupo Sunset es producto del rompimiento de un contrato de exclusividad por las empresas del grupo hotelero a la comercializadora, que incluye a Promotora Cancún Sunset Club S.A. de C.V. Club Lagoon Caribe S.A. de C.V., Promotora Sunset Beach S.A. de C.V. y Ecoturismo Tres Ríos, S.A. de C.V.

Se acusa a Pérez Basto, por incurrir en hechos ilícitos, en evidente contravención a sus obligaciones y atribuciones de ley, para favorecer a la parte demandada y por supuesto totalmente en contra de la parte actora : “Comercializadora Time Share Internacional S.A. de C.V.”.

En la denuncia, se advierte que la juez pretende dejar sin efecto un juicio al que se ven favorecidos los hermanos Orlando y Romárico Arroyo Marroquín, integrantes de la sociedad demandada.

Los denunciantes exigen que la investigación vaya a fondo y se castigue e inhabilite a esta funcionaria por su dolosa actuación.

Ante la ola de arbitrariedades en este juicio, se ha recurrido ya al Consejo de la Judicatura del Distrito de Quintana Roo, para que ponga un alto o control a los excesos y omisiones de la cuestionada juez.

Lo grave de la justicia, es cuando actos como este, se convierten

en un modus vivendi al interior del poder judicial, cuando se anida un mal que trasciende a la propia institución, un mal que pone en riesgo al Estado de derecho en tiempos en el que urge recobrar la credibilidad y contar con un poder judicial honesto, profesional y responsable.

Para resolver esta la clase de conflictos en que las autoridades administrativas tienen alguna intervención, se hace necesario contar con un poder judicial capaz, probo, imparcial e independiente. Solo de esta manera las partes en disputa reconocerán la acción de la justicia y acatarán sus sentencias.

Espero sus comentarios, opiniones y sugerencias en vfloresh@hotmail.com

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