Por unanimidad, el Congreso de la Ciudad de México dio marcha atrás al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos que trataba sobre desalojos forzosos y que generó controversia entre diferentes sectores que acusaban que se ponía en riesgo la propiedad privada.
“La expresión desalojos forzosos es en cierto modo problemática; sin embargo, es muy claro que el concepto engloba el sentido de la arbitrariedad. En el marco de esta ley no hay una referencia a los juicios o procesos contemplados en el Código Civil o en el Código Penal”, explicó el diputado local de Morena, Ricardo Fuentes.
Con 46 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados aprobaron el artículo que menciona que ninguna persona podrá ser desalojada sin mandamiento judicial emitido de conformidad a las disposiciones constitucionales y legales aplicables al caso concreto.
Además, las leyes en la materia establecerán procedimientos y modalidades para garantizar el derecho de audiencia, respetar el debido proceso y procurar en todo momento la conciliación, además de cumplir con formalidades esenciales.
Asimismo, se establece que las personas afectadas por un acto de desalojo podrán solicitar a las autoridades correspondientes su incorporación a los programas de vivienda.
“Quiero decirlo de manera muy clara y sin titubeos: las comisiones dictaminadoras no estamos en contra de que se realicen juicios de desalojo, pero éstos deben ir apegados a los derechos humanos, al tiempo que es necesario dar certeza a las personas que son propietarias de los inmuebles”, comentó el morenista al presentar la modificación ante el pleno.
Inconsistencias. Luego de que EL UNIVERSAL publicó un artículo del notario público Ignacio Morales Lechuga, quien aseguró que la redacción abría la puerta a la invasión de la propiedad privada, así como el rechazo de la propia jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, los diputados acordaron modificarlo.
Así, ayer los legisladores, en comisiones unidas de Derechos Humanos y de la Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, analizaron desde derogarla o cambiar la redacción. Durante dos horas discutieron y acordaron un nuevo escrito, aunque algunos consideraron, “se le quitó fuerza”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el líder de la bancada del PRD, Jorge Gaviño, comentó que era necesario derogarla debido a que el artículo era inconstitucional y ponía de rehén a los propietarios cuando éstos tenían en comodato o en arrendamiento, o un juicio para recuperar su propiedad los ponía como rehenes; pero, dijo, no dice nada nuevo, porque todo lo que dice el artículo 60 está legislado.
