Afloran vicios, encubrimientos y otros delitos para proteger al fiscal Enríque Pérez García.
Por Víctor Flores
Luego de la denuncia interpuesta contra los abusos e ilegalidades cometidas durante un cateo de agentes ministeriales de la FGR en contra el bar Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, la intromisión indebida y la forma gansteril con que se efectuó, así como los vicios en el proceso para negarle al afectado una suspensión definitiva, el bufete de abogados de la empresa denuncio dichas irregularidades y calificaron dichos actos como un tipo de “delincuencia organizada con charola”.
En rueda de prensa, los abogados encabezados por José Landeta Villanueva, dieron a conocer que tanto en la delegación de la Fiscalía General de la República, como en el Juzgado Cuarto de Distrito, no hay un ejercicio de la legalidad, se tuerce la justicia y “el MP está cometiendo delitos y violaciones a la ley para encubrir al Fiscal de la FGR en Cancún, Enrique Pérez García.
Y es que luego de que abogados del bar Dassan interpusieran una denuncia y solicitaran el amparo por los atropellos cometidos en el cateo a dicho establecimiento, el robo de celulares, equipo de cómputo y casi un millón de pesos de la caja, a cargo de agentes ministeriales, violentando una orden de cateo especificada para la búsqueda de drogas y armas, las autoridades encargadas de impartir justicia, han actuado de manera sesgada, cometiendo delitos para proteger al fiscal delegado de la FGR en Cancún, Enrique Pérez García.
Tras la denuncia de hechos en el juzgado Cuarto de Distrito, los abogados señalaron que el delegado de la FGR en Cancún debió responder a las acusaciones en su contra y violaciones a la ley durante el citado cateo, pero éste afirmaron, no acudió, ni rindió un informe requerido por el juez y “se escondió como delincuente”.
Los litigantes denunciaron ante la prensa que a pesar de esta ilegalidad, el MP, Isaac Rodrigo Jiménez, adscrito al juzgado Cuarto de Distrito, informó que el Fiscal sí acudió e informó, incurriendo en falsas declaraciones, protegiendo al fiscal de la FGR y entorpeciendo la entrega de la suspensión definitiva a la empresa afectada.
De esta forma, enfatizaron, el MP vulneró la constitucionalidad del mandato con un acto viciado y ha negado la suspensión definitiva solicitada según el expediente 430/2019.
La suspensión que se niega acusan, es ilegal, ya que no fue bien fundada por el Juez de Distrito, violando la ley de amparo al ver que si se cometieron delitos y que el fiscal no informó, razón por la que se ha metido un recursos de revisión a un autoridad superior como es el Tribunal de Alzada.
Ante los vicios y delitos cometidos por las autoridades en este proceso, señalaron que estos funcionarios públicos podrían ser sujetos de multas e incluso la inhabilitación para ocupar cargos públicos, según establece la ley, ya que se interpondrán nuevas denuncias en su contra, para que se aplique la ley en apego a derecho y se castigue a los malos servidores públicos involucrados en este penoso caso de abuso de la función pública, obstrucción de la justicia y corrupción.
