Cancún.-La persecución, extorsión, amenazas, cateos, juicios, robo, aseguramiento y saqueo de sus propiedades, sin que a la fecha se le compruebe algún delito, al empresario de origen rumano, Florian Tudor en Cancún Quintana Roo, es un claro ejemplo de la corrupción, abuso de poder y red delictiva que ha operado al interior de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo.
Una larga historia de corrupción arraigada en dicha dependencia, y que estuvo encabezada por la ex delegada, Bertha Cordero Reyes durante más de seis años en complicidad con delegados en turno y de manera especial por Agentes del Ministerio Público Federal (FISCALES), que se convirtieron en el brazo operativo de la red de extorsiones y corrupción que ha operado en los últimos años en dicha dependencia.
En la FGR Quintana Roo, se organizó por varios años una red delictiva en la que han participado desde el delegado en turno, pasando por la ahora ex subdelegada, Bertha Cordero y los fiscales a sus servicio, hechos que alcanzaron a jueces para lograr sus objetivos.
El caso de los empresarios Florian Tudor, Chakib Nainf y del líder cetemista en Quintana Roo, Isidro Santamaría Casanova, son solo tres ejemplos de hombres de negocios que han resultado víctimas de esa mafia, que apenas en agosto pasado fue descabezada, al solicitarles la renuncia a la eterna subdelegada Bertha Córdero Reyes y al delegado en turno, Javier Ocampo García.
Sin embargo, el castigo a estos funcionarios no ha sido ejemplar y algunos de sus cómplices, los fiscales que han sido los encargados de fabricar expedientes para extorsionar y acusar a sus víctimas, siguen operando impunemente en dicha delegación, aun cuando hay denuncias en su contra por abuso de poder, fabricación de expedientes, cateos y saqueos a las propiedades de empresarios en esta ciudad.
En la secuela de dichas corruptelas, están aún los casos de Florian Tudor e Isidro Santamaría Casanova, a quienes los fiscales no han podido comprobar sus acusaciones y presuntos delitos por los que solicitaron saqueos y aseguraron propiedades.
Lo que es peor, los cateos obtenido por jueces de distrito, solo han servido a estos funcionarios para robar y saquear las propiedades que han asegurado.
En dichas diligencias judiciales, los fiscales al frente de cada cateo han liderado la rapiña en cada uno de los casos mencionados.
Las propiedades de Florian Tudor, Chakib Naif e Isidro Santamaría, han sido robadas, saqueadas y destrozadas por los policías federales encargados de estas diligencias, en un claro abuso de poder, donde la “rapiña” ha sido el sello de cada caso, aun cuando las ordenes de cateos han sido autorizadas únicamente para buscar armas y drogas, lo que presumían los fiscales en sus expedientes para lograr las ordenes de cateos.
La Fiscalía Federal Anticorrupción, la Visitaduría General de la (FGR), La Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión de Derechos Humanos (CNDH), ya recibieron las respectivas denuncias contra estos bochornosos actos de funcionarios de la delegación de la FGR en Quintana Roo.
Le red delictiva que denuncian los empresarios se evidencia en el presunto hecho de que la ex subdelegada, ex delegado y fiscales, aun en funciones, han utilizado a policías inactivos para ejecutar los cateos a sus propiedades, además que denunciaron haber sido extorsionados, previo a la persecución, fabricación de expedientes, cateos y saqueos de sus bienes.
Como claro ejemplo de que las acusaciones en contra de dichas víctimas no han tenido sustento y que los fiscales no ha podido probar nada, está el hecho de que todos los jueces que han llevado estos casos, han anulado los cateos y los han calificado de ilegales.
Al menos tres jueces de control han anulado los cateos ejecutados a las propiedades, oficinas y negocios de estos empresarios y que han sido encabezados por fiscales y policías al servicio de la FGR.
En varios casos los jueces han ordenado el restitución de las propiedades por falta de pruebas, sin embargo el daño ha sido incuantificable, porque no solo se han utilizado los cateos, para robar, delinquir, destruir y saquear dichas propiedades, sino que se ha causado un perjuicio adicional a las empresas y un daño moral a los afectados.
El robo de objetos dentro de cada propiedad, negocio u oficina es millonario, supera los 60 millones de pesos solo en estos tres casos, pero el daño colateral a las empresas es incuantificable, porque se han perdido clientes, millonarios contratos de servicios y empleos por el cierre de sus respectivas empresas.
Se trata pues, de una célula delictiva que ha estado operando impunemente al interior de la FGR, donde han caído algunas cabezas, pero no los brazos operativos, el cáncer está ahí y continúa la impunidad.
No basta con que autoridades investiguen y los destituyan de sus cargos, los corruptos y saqueadores que utilizan este “modus operandi” de extorsionar y obtener cateos para ejecutar saqueos, robar y dañar a la sociedad, deben pagar con cárcel por el abuso del poder y del ejercicio de la función pública, por el millonario robo que han cometido a diversas víctimas y devolver todo lo robado, ya que el daño por sus acciones y corruptelas es incuantificable e irreparable, por lo que no debe quedar impune.
