Empresa afectada consigue el amparo por vicios en el expediente, abuso policiaco y violaciones a la orden de cateo.
Por Carlos Sahagún
Cancún, Con un expediente plagado de inconsistencias y presunciones no fundadas, el titular de la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) de Quintana Roo, solicitó a un juez el cateo del bar Dassam Golden Club ubicado en zona hotelera de Cancún, donde policías ministeriales ejecutaron un operativo lleno de arbitrariedades y violaciones a la ley.
Tras presuntas llamadas de denuncias anónimas, en cuyo expediente, Cun-II-2212/2019, no se evidencia el protocolo de la denuncia referida, la Fiscalía de Cancún a cargo de Enrique Pérez García, obtuvo de un juez la orden de cateo al mencionado bar, mismo que se realizó el pasado 15 de marzo en medio de atropellos, abusos, daños y robo de dinero, teléfonos celulares, equipo de cómputo y detención de personas inocentes, según se establece en la denuncia de la parte afectada.
Tras dicha denuncia interpuesta ante la autoridad federal, la empresa afectada obtuvo el amparo provisional, ya que el procedimiento de cateo fue violentado y el expediente mediante el cual se obtuvo la orden de allanamiento del establecimiento presenta inconsistencias en su procedimiento.
Según el documento en poder de este medio informativo, el juez federal libró la orden de cateo el 12 de marzo del presente año, única y exclusivamente para el cateo en busca de drogas y armas en el bar Dassan.
La orden de cateo no tenía por efecto localizar personas, ni detener personas, al menos que fuera en alguna flagrancia, y aun así se detuvo a cuatro personas, todos empleados del establecimiento.
Los denunciantes sostienen, que aunque se encontró una porción de droga en la periferia del lugar y un arma, esta no estaba posesión o portación de alguna persona, aun así se detuvo a cuatro personas, pese a que la orden de cateo precisa que el operativo no era para la aprehensión de personas, ya que esta no era la vía para emitir alguna orden de aprehensión, dado que no se trata de un mandato judicial de captura.
Otra de las fallidas inconsistencias, es el reporte del cateo, el acta circunstanciada que también presenta incongruencias, ya que a pesar de que en el operativo participaron 18 elementos, solo una, con nombre de Ricardo Portillo Muñoz, es quien aparece como la persona que encontró todo al interior al bar.
De acuerdo a dicho reporte, Portillo Muñoz, fue el elemento ministerial que encontró bolsitas de polvo blanco, en el muro oeste sur, cerca de la puerta de balcón, en el bote de basura de lavamanos, y un arma tipo revolver en el tercer privado, cercano al vestidor del lado izquierdo.
Asimismo el reporte indica que Ricardo Portillo Muñoz, fue quien encontró documentación con la leyenda reporte de servicios y diversos tikets en el área del bar tender, un CPU con la leyenda “active cool” en la bodega de bebidas detrás de la barra, así como cinco teléfonos celulares y un equipo DVR color negro.
El informe señala que Portillo Muñoz también encontró documentos a manera de billetes en diferentes denominaciones, en la caja registradora de las barra, diversos documentos como recibo de teléfonos y tikets, tabletas en el piso del lado oeste, sobres de papel en color amarillo y en su interior vales provisionales, entre otros documentos aseguradas por este policía que al parecer fue el único que encontró todo.
En el mismo reporte se dan los nombres de las cuatro personas detenidas en el cateo, pero se aclara ahí mismo que ninguno portaba arma o droga, es decir no hubo ningún tipo de flagrancia.
Ante el cumulo de irregularidades con que realizó el cateo a dicho centro nocturno, los abogados de la empresa investigada, demandan que la investigación se apegue a derecho, ya que hubo daños materiales y robo de documentos, equipo de cómputo y telefonía, además de agresiones a clientes y personal de la empresa.
Dicho operativo se realizó el 15 de marzo pasado y en la caja había dinero que era para el pago de la nómina de los trabajadores, la cual se pagaría al cierre del establecimiento.
El modus operandi de las autoridades, desde la integración del expediente para buscar una orden de cateo y el mismo cateo al lugar, dejan ver una serie de anomalías que pudieran ser sujetas a investigación de los mismo funcionarios públicos que intervinieron en el proceso y el operativo, ya que se percibe hubo excesos en el ejercicio de la función pública, abusos, arbitrariedades y daños durante el cateo, así como afectaciones económicas al negocio que a dos meses de asegurado continúa cerrado causando repercusiones económicas a empleados y propietarios del establecimiento.
La orden de cateo no tenía la autorización para intervenir equipo informático, de telefonía o cualquier otro análogo que pudiese tener comunicaciones privadas, y se decomisaron teléfonos celulares al personal, se aseguró equipo de cómputo y dinero en efectivo según la denuncia 430/2019 interpuesta ante el Juzgado Cuarto de Distrito por la empresa afectada.
La orden de cateo emitida por un juez, señala como responsable del operativo o procedimiento a Enrique Pérez García, Fiscal Federal de la Agencia Segunda Investigadora de la Fiscalía General de la República en la Delegación estatal de Quintana Roo.
