Necesario ir más a fondo para que caigan cómplices de la “red de corrupción” que conformaron ex delegado y ex delegada en dicha dependencia.
Por redacción
Como resultado de un fallo adverso de un juez federal que calificó de ilegal el cateo al bar Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún, el fiscal del caso en la FGR, ha recurrido a tácticas dilatorias y prácticas legaloides, para alargar el proceso y defender su falta de probidad y la conducta ilícita con que se condujeron policías ministeriales que catearon el bar e incurrieron en abusos, actos discriminatorios, robo, daños y los delitos que fabricaron durante la diligencia que fue anulada por juez.
Luego que abogados del bar Dassan, obtuvieron dicha sentencia a favor que desnuda una vez más los actos ilegales, excesos, extorsiones, fabricación de expedientes, siembra de delitos, hostigamientos con han actuado agentes del Ministerio Público Federal, el fiscal Enrique Pérez García, ha procedido a prácticas recurrentes para seguir causando daño en este caso a una empresa que acusó en momento una presunta extorsión.
Cabe recordar que el 15 de marzo de 2019, policías ministeriales federales, irrumpieron en el Bar Dassan de una forma gansteril, con armas largas y pasamontañas, rompiendo en primera instancia cámaras de videovigiliancia, como ya acostumbran, para no dejar huellas de las irregularidades y atropellos que cometen durante sus diligencias, en busca de armas y drogas según una orden de cateo expedida por un juez.
En dicha ocasión abogados del centro nocturno, denunciaron los hechos, la actitud misógina de los policías y sus mandos y sobre todo el abuso cometido contra extranjeras que se encontraban en el lugar las cuales fueron detenidas y liberadas días después por el Instituto Nacional de Migración, aunque a la fecha no se les haya entregado su documentación migratoria.
Como resultado de las ilegalidades cometidas en dicho lugar, se interpusieron denuncias ante la Visitaduria General de la propia FGR, la Fiscalía Federal Anticorrupción y la Comisión de Derechos Humanos, ya que policías se llevaron dinero de la caja fuerte del negocio cercano al millón de pesos, teléfonos celulares, documentos, pasaportes de las mujeres detenidas y una computadora.
Bajo el argumento de que encontraron un arma dentro del negocio y bolsas de droga en la periferia del lugar, considerada como sembrada por los abogados, estos clausuraron el lugar, mismo que quedo asegurado desde el pasado 15 de marzo.
Han pasado más de seis meses que el negocio permanece cerrado, a pesar que un juez de control ha calificado de ilegal dicho cateo, causando daños y perjuicios a los propietarios del lugar.
Hay todo un expediente que exhibe las irregularidades de la diligencia y procedimiento judicial, además de que se ha denunciado que dicho cateo fue solicitado por el AMPF con información falsa y dolosa, con el único fin de vengarse por no acceder a un presunta extorsión.
El caso del bar Dassan, es uno más de los muchos casos que se armaron desde el interior de la FGR en Cancún para perseguir a empresarios cancunenses y hostigarlos, bajo la administración del ex delegado Javier Ocampo García y la subdelegada, Bertha Reyes, quienes fueron destituidos el pasado mes pasado de septiembre, como resultados de múltiples denuncias de corrupción que se habían arraigado en dicha dependencia.
Los afectados han levantado la voz para que se haga justicia luego que un juez ha decretado que el cateo fue ilegal, sin embargo al igual que otros casos similares, los fiscales (agentes del MPF), continúan con las mismas tácticas recurrentes de alargar los procesos, para afectar a quienes no cedieron a sus pretensiones, como ha quedado denunciado ante las instancias federales correspondiente y cuya copia obra en nuestro poder.
La caída del delegado Javier Ocampo García y de la subdelegada Bertha Cordero Reyes, no han sido suficiente para limpiar dicha dependencia en Cancún, ya que los fiscales han sido parte de esa red de corrupción que convirtieron los cateos, en un instrumento de extorsión y saqueo a negocios y residencias de empresarios cancunenses.
Abogados señalaron que la investigación sobre fiscales debe ir más a fondo porque se presume utilizaron también a ex policías ministeriales para sus diligencias, es decir a elementos inactivos para ejecutar los cateos y de ahí que la rapiña denunciada a negocios y propiedades sea millonaria y que pueda ser incluso tipificada como delincuencia organizada.
