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Cancún
lunes 21 de septiembre de 2020
QUINTANA ROO

Jueces entorpecen la impartición de justicia en el caso del bar Dassan

*Siguen encubriendo hechos de corrupción que salen de la FGR en Cancún.

Cancún.-Una vez más abogados del bar Dassan Golden Palace de la zona hotelera de Cancún dieron a conocer que continúan siendo objeto de extorsiones, actos de corrupción y obstrucción de la justicia por parte de autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) y de jueces que se oponen a otorgarles un amparo a pesar de haber aportado todas las pruebas pertinentes para que se les haga justicia.

Abogados y propietaria del bar Dassan, afirmaron en conferencia de prensa que se han enfrentado a una red de corrupción de autoridades que tiene la clara intención de no impartir justicia, intimidarlos y extorsionarlos.

Cabe recordar que el pasado 15 de marzo policías y agentes ministeriales irrumpieron pasada la media noche en el bar Dassan de la zona hotelera de esta ciudad, con una orden de cateo, autorizada únicamente para buscar armas y drogas, sin embargo llegaron causando destrozos, rompiendo cámaras de seguridad para no dejar huellas, además de detener a meseros y bailarinas, asegurando dinero de la caja fuerte, y sembrando una pistola y algunas bolsas de cocaína.

Durante dicho cateo solicitado por el agente del ministerio público federal Enrique Pérez García y autorizado por el juez José Eduardo Cortés Santos, quienes también han participado en la autorización de cateos a propiedades de otros empresarios de Cancún, que también han denunciado extorsiones que salen desde la misma oficina de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo con sede en Cancún.

Visiblemente molestos abogados y propietaria del citado establecimiento, afirmaron que estos fiscales y jueces serán desenmascarados por la forma corrupta e ilegal con que se desempeñan.

Señalaron que ya se han interpuesto denuncian contra estos malos funcionarios ante la oficina anticorrupción de la FGR, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la visitaduría de la FGR y la Secretaría de la Función Pública, no solo para que se inhabilite a estos funcionarios, sino que sean sujetos a “muerte civil” y se les retire su cédula profesional por ser un peligro para la sociedad donde quiera que trabajen, y en el peor del os casos vayan a la cárcel por ser parte de una red de corrupción que daña a los empresarios y a la sociedad.

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