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Miércoles 21 de octubre de 2020
CANCUN QUINTANA ROO

Lidera Alberto Capella “Mando Único” de espionaje y extorsiones a empresarios en Quintana Roo

Al menos una docena de denuncias de policías, ex policías y empresarios de Cancún, interpuestas ante la Fiscalía Federal de Combate a la Corrupción y la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, dejaron al descubierto la red de espionaje y extorsiones  con que opera el “Mando Único” de la policía en Quintana Roo y que lidera Jesús Alberto Capella Ibarra.

Las denuncias, asentadas en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019 de la Fiscalía General de la República, precisan que desde su llegada a Quintana Roo en el 2018, el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, reunió a la tropa de policías para notificarles que él sería el jefe del “Mando Único” de la seguridad de Quintana Roo, incluidos policías municipales, estatales y ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) y que todo los policías tenían que rendirle cuentas a él.

Bajo ese argumento, los policías y ex policías que denunciaron estos hechos, afirman que como supuesta “estrategia de seguridad”, Jesús Alberto Capella Ibarra solicitó a todos los agentes municipales y estatales recabaran información de todos los empresarios de Cancún, mexicanos o extranjeros, nombre de cada uno de ellos, nombre de sus empresas, ubicaciones, giro de sus empresas, montos de sus ingresos, domicilios particulares, vehículos en se transportan y que verificaran si tenían o no escoltas.

Tras obtener la información privilegiada de empresarios locales por parte de los policías a su mando, Jesús Alberto Capella Ibarra, líder del “Mando Único” en Quintana Roo, inició una persecución contra hombres de negocio en Cancún y otra partes del estado e instruyó a sus policías investigar de manera especial a los empresarios de origen rumano, de quienes pidió sacar fotos y videos de sus personas, ubicaciones y movimientos, en especial del empresario Florian Tudor, según establecen las denuncias de policías de Benito Juárez asentados ante la Fiscalía General de la República en la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019.

La denuncia precisa detalles de esta maquiavélica persecución de policías contra empresarios, negocios y comerciantes de Cancún, todos bajo el esquema de “Mando Único”.

El expediente en poder de esta redacción, deja al descubierto la existencia de red de delincuencia organizada con fines de extorsión operada desde el “Mando Único” de Quintana Roo, en complicidad con funcionarios de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR), al mando del ex delegado Javier Ocampo García, la ex subdelegada Bertha Córdero Reyes y los Agentes del Ministerio Público Federal (fiscales) de dicha delegación a quienes empresarios acusan de fabricar expedientes falsos y delitos con fines de  extorsionarlos.

La amplia carpeta de investigación a la está sometido el secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, precisa el “modus operandi” mediante el cual ha trabajado esta organización.

Una vez detectada la víctima, entra el turno de los fiscales de la FGR, quienes son acusados de fabricar expedientes con información falsa y dolosa. Aquí aparecen los nombres de los agentes del Ministerio Público Federal (fiscales), Cesar Ernesto Cervantes Saavedra (con nueve carpetas abiertas en su contra) y Enrique Pérez García, quienes en el caso particular de los empresarios rumanos radicados en Cancún, lograron obtener una orden de cateo, mediante la cual allanaron a la media noche del 11 de mayo de 2019 las propiedades (residencia, oficinas y rancho)

En dichos cateos, que posteriormente fueron calificados de ilegales por un juez federal,  se denuncia invasión de la privacidad, abuso de autoridad, violencia, daños materiales, uso de armas largas, vejaciones y amenazas a sus familias.

La denuncia contra policías y fiscales que participaron en estos cateos, establece el robo de  joyas, relojes finos, obras de arte, ropa, dinero en efectivo y tres cajas fuertes que sustrajeron durante su violenta incursión a estos domicilios.

En la denuncia también se acusa el robo de media docena de televisores de pantallas planas y nueve computadoras,  teléfonos celulares, daños a servidores y videocámaras de seguridad para borrar evidencias.

Con respecto al cateo del rancho ubicado en el kilómetro 23 + 400  en la Ruta de los Cenotes del municipio de Puerto Morelos, peritos dieron cuenta del robo de animales, como caballos de finos y perros de raza, así como el saqueo de maquinaria pesada y otros vehículos.

Como resultado de la denuncia interpuesta por los empresarios víctimas de este robo y saqueo a sus propiedades por agentes del Ministerio Público Federal y policías que han conformado esta red delictiva donde el “Mando Único” ha sido pieza clave, el peritaje de la investigación del propio órgano control interno de la FGR, arrojó que el monto del saqueo asciende a 67,000,000.00 (Sesenta y siete millones de pesos M.N.).

En la carpeta de investigación está asentado que todos estos cateos y saqueos, los estuvieron planeando desde la llegada de Jesús Alberto Capella Ibarra a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, ya que dicho secretario convocó en su momento a dos reuniones con agentes policiacos para pedirles mantener vigilado al rumano Florian Tudor, sacarle fotografías y videos de sus movimientos, horas y lugares asiduos, así como los vehículos donde se movía y a sus escoltas.

En la denuncia se precisa que las reuniones donde Jesús Alberto Capella Ibarra exigió a policías perseguir y vigilar al empresario Florian Tudor, se llevaron a cabo los días 20 y 26 de octubre de 2018, en la sala de junta de la Secretaría de Seguridad Pública de Benito Juárez.

Así mismo se asienta en el expediente, que ante el rechazo o negativa de algunos agentes policiacos para realizar este tipo de espionaje y persecución a empresarios de Cancún, el jefe del “Mando Único” de Quintana Roo,  Jesús Alberto Capella Ibarra, estalló en cólera y acusó a los policías municipales de ser ellos los culpables del “cagadero” que había en Cancún, y que ellos serían los responsables de limpiarlo, “sin importar cuantos tengan que morir”..

Alberto Capella Ibarra, tildó a los policías de Cancún, de “pendejos” e inició una persecución en su contra, que culminó con su despido y encarcelamiento de varios elementos.

Para ello, acusaron, se montó una supuesta rebelión de policías en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez, para acusarlos de insubordinación y sabotaje, según consta en la carpeta FED/FECC/UNAI-QR/0000287/2019, donde los propios policías señalan que fueron inducidos por Jesús Alberto Capella Ibarra para investigar a empresarios locales.

Las denuncias de policías, ex policías y empresarios que han sido encarcelados, perseguidos, extorsionados y robado, están interpuesta ante diversas instancias de investigación

Como la Fiscalía Federal Anticorrupción, Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR, la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con pruebas y hechos que conducen hacia el “Mando Único” y sus cómplices en la delegación de la FGR en Quintana Roo.

Entre otras denuncias se incluye que como parte de sus actos de persecución y acoso a empresarios, el líder del “Mando Único” de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, mandó a instalar una cámara “espía” (videovigilancia) a escasos 25 metros de la residencia del empresario Florian Tudor, ubicada en la calle Robalo de la SM 3 de Cancún, con el propósito de vigilarlo y hostigarlo de manera recurrente, violando su privacidad y derechos fundamentales.

La carpeta de investigación también incluye que tras la renuncia obligada de su amigo Javier Ocampo García, como delegado en Quintana Roo de la Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Alberto Capella Ibarra, salió en su defensa y acusó en el noticiero radiofónico de Carlos Loret de Mola, al empresario de origen rumano, Florian Tudor de ser un delincuente internacional, buscado por la Interpol y por las autoridades de los Estados Unidos.

La acusación de Alberto Capella Ibarra, resultó totalmente falsa y dolosa, ya que este funcionario no cuenta con pruebas que respalden sus afirmaciones y se considera que desde que asumió el cargo en Quintana Roo, se ha desempeñado como un mitómano  y con una conducta de riesgo para la sociedad.

Las víctimas de esta persecución señalaron que ninguna de las acusaciones en los expedientes fabricados por la FGR fue probada y que han ganado todos los juicios con la Ley en la mano.

Agregan que todos los cateos a sus propiedades han calificados de ilegales por los jueces de control que han llevado cada caso y que la Fiscalía General de la Repúblicas (FGR) les ha devuelto todas sus propiedades aseguradas por órdenes de un juez al no encontrar delito que perseguir.

Agregan que el aparato de justicia no quedó exento de implicaciones y complicidades en estos abusos y atropellos, el juez José Eduardo Cortés Santos, autorizó el cateo a nuestras propiedades, aun cuando el expediente de los fiscales estaba plagado de irregularidades y sin sustento.

El poder judicial apuntan, ha actuado como una “hermandad” para proteger el juez José Eduardo Cortés Santos, quien ante el amparo promovido por las víctimas, solo justifica que autorizó los cateos de buena fe y que fue engañado por fiscales.

En resumen, los denunciantes acusan que todo ha sido una arbitrariedad producto de la corrupción, abuso de poder y las redes de delincuencia organizada con fines de extorsión que las propias autoridades han conformado a través del mal llamado “Mando Único” en perjuicio de los empresarios y la sociedad.

Ante tales actos, dirigieron una carta abierta al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y al gobernador de Quintana Roo Carlos Joaquín entre otras autoridades narrando la historia de ilegalidades, extorsiones, abusos, intimidaciones, robo y saqueo de sus bienes, así como los daños y perjuicios que todo ello ha ocasionado a sus empresas, empleados y familia.

En la carta abierta que circula en varios medios de comunicación en el estado y nacionales, las víctimas exigen justicia y respeto a sus derechos como inversionistas y como ciudadanos radicados en Cancún desde hace más de 15 años.

Finalmente reiteran su exigencia de castigo a quienes desde el poder no solo han abusado del ejercicio de la función pública, sino que han incurrido en diversos delitos, robando propiedades con total impunidad y destrozando empresas como resultado del cáncer de la corrupción que impera entre las corporaciones policiacas y funcionarios públicos.

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