Denuncian tráfico de influencias en proceso contra policías federales imputados por abuso de autoridad y ejercicio ilícito del servicio público.
Por Víctor Flores
Cancún.-Luego de ocho meses de retraso por tácticas dilatorias para posponer una audiencia inicial contra policías federales imputados por diversos delitos cometidos durante el cateo del 11 de mayo de 2019 a propiedades del empresario Florian Tudor, finalmente, en audiencia el pasado viernes 16 de abril del 2021, el juez de Distrito Javier Aguirre Farfan, rechazó vincular a proceso a los policías federales imputados bajo diversos argumentos que denotan tráfico de influencias, corrupción y la hermandad que existe al interior del poder judicial para protegerse unos a otros en fraude del Estado de Derecho que estaba llamado a garantizar el juez y de los derechos humanos de la víctima .
A pesar de las pruebas presentadas que dieron lugar a la declaratoria de nulidad de los cateos ejecutados a las propiedades de Florian Tudor en 2019, misma que le sirvieron la juez Verónica Gutiérrez, para anular dichos procedimientos y ordenar devolver las propiedades a la víctima, –donde, además, se acusó a los policías federales de haber saqueado dichas propiedades y haber incurrido en delitos de robo, tortura, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público y en contra de la administración de justicia- el juez traído exclusivamente para el caso desde el estado de Sonora, desestimó los datos de pruebas de este escandaloso caso y dio protección a los policías federales que ya permanecen en calidad de imputados. Además de la ligereza con la que el juez à la carte desestimó las serias acusaciones contra la vida, integridad física y psicológica, además de las propiedades de Tudor y su familia, causa dudas muy serias sobre la imparcialidad del juez, que ni siquiera pertenece originalmente a la circunscripción judicial, el hecho de que fue traído ex profeso para conocer del caso.
¿Acaso los jueces de Quintana Roo no están igualmente bien preparados que el juez Aguirre Farfán?
Durante la audiencia del pasado viernes 16 de abril, que duró una hora con 20 minutos, el juez Javier Aguirre Farfán actuó más como abogado de los policías federales, desestimando pruebas de los fiscales y de los asesores privados de la víctima, e inclusive descartando los dichos y manifestaciones del empresario Florian Tudor, cuyos derechos se supone que el proceso habría de reparar si fuese conducido en apego a derecho y en respeto de sus garantías de juicio justo tal como lo señalan la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Aguirre Farfán, fue designado como juez del caso, visto que la juez Verónica Gutiérrez, se negó en varias ocasiones a presidir si no contaba con las garantías para actuar con apego a la ley, mismas que no fueron aseguradas en nivel razonable ni incluso mínimo. Esto llevó a que la adjudicadora prefiriese renunciar antes de ser manipulada o coaccionada por el aparato de justicia, también conocido como la “mafia del poder”. Esto es, nuevamente, indicativo de las serias carencias que registra la independencia y autonomía judicial. En una república donde los jueces temen, nadie puede dormir tranquilo.
En la audiencia del pasado viernes, el juez Aguirre Farfán no hizo sino desestimar, sin fundamento o motivación real, las pruebas presentadas por los fiscales contra los policías acusados del saqueo a las propiedades de los empresarios Florian Tudor y Chakib Naif, incluso llegando a prohibir la lectura de algunos señalamiento contra los imputados, convirtiendo en fantasía el principio de igualdad de las partes y mostrando que más que justicia, su tribunal lo que administra es cuidados y protección a criminales.
Hay múltiples elementos de convicción que sugieren que se trató de una audiencia premeditada dónde el proceso fue solo una formalidad para poder llegar a la decisión adoptada de antemano, en la que incluso al final el juez Javier Aguirre Farfán, leyó la resolución de no vinculación a proceso de los policías acusados, como si dicha resolución ya la trajera como consigna.
Cabe señalar que -o más bien recordar el deber que imponen las leyes penales- desde el momento en que la juez, Verónica Gutiérrez, calificó de ilegales el cateo y la detención ilegal a Florian Tudor por la siembra de un arma, los policías involucrados y fiscales debieron ser sujetos investigación y vinculados a proceso.
Sin embargo, el juez importado utilizó casi toda la audiencia para desestimar los datos de pruebas, impedir y reprender la labor de los fiscales y silenciar a toda costa a los asesores de la víctima.
Las imputaciones -según el turista judicial- eran ambiguas y dejaban en estado de indefensión a los imputados, esto a pesar del abuso, destrozos y robo de bienes en que incurrieron los policías federales durante los cateos y que aparecen en las denuncias.
El juez pidió a los fiscales más claridad en la imputación y eliminar todos aquellos elementos irrelevantes que generen confusión a los acusados, a pesar que incluso hay inconsistencias probadas en cuanto a la hora en que fueron autorizados dichos cateos y la hora en que se ejecutaron.
Fue reiterativo en varios puntos a favor de los imputados, como el hecho de afirman que hay información no corroborada como las propiedades y objetos de valor señaladas como robadas, dinero en efectivo y falta de información en el acta de cateo, entre otros argumentos que fueron cuestionados. Priorizó el decisor menudencias, como el valor de los bienes robados, por encima de atender a su deber constitucional expedir castigo a quienes abusan de la autoridad pública y restituir en el goce de sus derechos a la víctima, Intentó justificar su sesgo insistiendo en que la imputación era ambigua y debe ser corregida.
Y agregó, “no digo que la información sea falsa”, pero debe ser más clara y precisa, acto seguido y bajo lectura de un documento previamente redactado, el juez negó la No vinculación a proceso de los imputados.
A pesar de todas las irregularidades, vicios y tácticas dilatorias con que se ha llevado este proceso contra policías acusados de corrupción y abuso del ejercicio en el servicio público ,el juez en turno sostuvo que hay insuficiencia probatoria.
Sin embargo, aceptó que su resolución, no constituye un obstáculo para que la Fiscalía General de la República continúe con la investigación y en su caso formule una nueva imputación contra los imputados ajustándose a los parámetros de la ley.
Los policías imputados en esta investigación, son Miguel Ángel Vázquez Bernal, Ricardo Portillo Muñoz, Deynher Azael Maldonado Hernández y Miguel Castillo Cano, quién no se presentó a la audiencia.
Cabe señalar que estos mismos policías federales, están involucrados en otros casos similares de cateos irregulares en Cancún, con idénticos abusos de autoridad y ejercicios ilícitos del servicio público. Estuvieron también incursos en otras instancias plenas de ilegalidades como el cateo al bar Dassan de la Zona hotelera de Cancún, donde sembraron armas y drogas, además de realizar detenciones ilegales, cateos que también fueron calificados de ilegales.
VÍCTOR FLORES HERNÁNDEZ, es periodista, fotógrafo y editor de medios con 30 años de experiencia; ha realizado coberturas periodísticas en 20 países de América, Europa y Asia.
En abril del 2015 recibió en París, Francia, la Medalla de la Paz otorgada por la OMPP, por su aportación a las misiones paz, sana convivencia entre los pueblos y publicaciones humanitarias.
Es alumno y miembro de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Cartagena Colombia, Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Miami, Florida, Red de Reporteros Sin Fronteras (Colombia) y vocero la Asociación de “Periodistas por la Paz” de la OMPP con sede en Ginebra, Suiza.
Actualmente es columnista y director del portal www.sinreserva.com.mx