Por Víctor Flores
No sé si se trata de ineptitud, omisión o abierta complicidad institucional.
Cuando la justicia comienza a torcerse siempre en la misma dirección, el olor ya no es a error, es a corrupción.
El caso del líder cetemista Isidro Santamaría Casanova, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) del presunto delito de trata de personas, se ha convertido en uno de los ejemplos más alarmantes de cómo el sistema penal puede utilizarse como mecanismo de persecución y desgaste político.
A siete años del inicio del proceso, la FGR sigue sin presentar pruebas contundentes ni testigos sólidos que sostengan la acusación.
- Sin embargo, el expediente sigue vivo.
Cuando una investigación se prolonga indefinidamente sin sentencias ni pruebas concluyentes, la justicia deja de ser justicia y se convierte en castigo procesal.
El operativo realizado la noche del 16 de marzo de 2019 en el bar Dasan, en la zona hotelera de Cancún, nunca pareció tener como prioridad esclarecer un delito.
Todo indica que el verdadero objetivo era construir un expediente contra Isidro Santamaría.
Después de aquel operativo, la Fiscalía integró una carpeta de investigación por presunta trata de personas con fines de prostitución sustentada, únicamente, en supuestas llamadas telefónicas atribuidas a cuatro bailarinas que jamás comparecieron públicamente para ratificar denuncia alguna.
Aun así, un juez liberó orden de aprehensión.
Aun así, sin pruebas, Santamaría fue vinculado a proceso por un juez.
Y sin pruebas, en su contra, pasó tres años y medio privado de su libertad bajo prisión preventiva, en medio de tácticas dilatorias y aplazamientos sistemáticos.
Finalmente recuperó su libertad en 2023, no por absolución definitiva, sino por falta de pruebas y cambio de medida cautelar.
- Pero el expediente jamás fue cerrado.
Y ahí comenzó otra maniobra todavía más cuestionable.
Tras más de tres años sin audiencia de sobreseimiento, la FGR solicitó modificar nuevamente las medidas cautelares de Santamaría, obligándolo a comparecer ante un juez federal.
El movimiento tenía otro objetivo y complicidad, exponerlo para que fuera detenido nuevamente, ahora por la Fiscalía General del Estado en otro proceso también cuestionado por el defensa debido una serie de inconsistencias y ausencia de datos de prueba sólidos.
LA JUEZ DEL “BIENESTAR”
Pero lo ocurrido ayer en los juzgados federales lleva este caso a un nivel todavía más preocupante.
Durante la audiencia celebrada este lunes, la juez Landy Rosalía Pamplona Pérez, en funciones de tribunal de enjuiciamiento, protagonizó una actuación que deja más dudas que certezas sobre la conducción imparcial del proceso.
La propia juzgadora reconoció que era su primera audiencia dentro de este caso que lleva 7 años.
- Y quizá esa frase explica muchas cosas.
Porque después de siete años de proceso, la Fiscalía que acusa volvió a presentarse prácticamente con las manos vacías.
Los fiscales solicitaron a la juez siete días para “localizar” y presentar testigos que no han podido sostener ni exhibir en siete años de investigación.
- Siete años sin testigos.
- No siete días.
- La defensa se opuso.
Pero entonces ocurrió algo todavía más delicado: la juez no solamente concedió a los fiscales el diferimiento solicitado, sino que reprogramó la audiencia hasta el 5 de octubre de este año.
Cinco meses más.
Violando los plazos legales establecidos y con ello el debido proceso.
La pregunta es inevitable:
¿Se trata de ineptitud judicial, desconocimiento procesal o una resolución deliberadamente orientada a beneficiar a la parte acusadora?
Porque el problema ya no es únicamente el retraso, sino el posible quebranto al principio de justicia pronta y expedita.
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece parámetros claros respecto a los tiempos procesales posteriores a la audiencia intermedia y la apertura a juicio oral.
Los diferimientos no pueden convertirse en mecanismos discrecionales para prolongar indefinidamente un proceso penal.
Mucho menos en un asunto que ya acumula siete años sin sentencia.
La resolución emitida ayer no solamente profundiza el desgaste jurídico y humano del acusado.
También afecta el derecho de acceso a la justicia de todas las partes involucradas, incluidas las presuntas víctimas en caso de existir.
Porque una justicia que eterniza los procesos termina degradando la credibilidad completa del sistema.
La justicia mexicana se está volviendo peligrosamente selectiva:
rápida para encarcelar…pero eterna para demostrar culpabilidades.
Y eso es exactamente lo que hoy ocurre.
En resumen:
La juez Landy Rosalía Pamplona Pérez no solo llega a un proceso plagado de cuestionamientos y violaciones al debido proceso.
Con su resolución de ayer, prácticamente se incorpora ella misma a esa cadena de decisiones judiciales que han mantenido vivo un expediente incapaz de sostenerse con pruebas contundentes después de siete años.
Y entonces surge la pregunta más incómoda de todas:
¿Quién gana prolongando indefinidamente un juicio que no logra avanzar hacia una sentencia?
Queda claro que cuando los procesos penales dejan de buscar verdad y comienzan a funcionar como instrumentos de presión, desgaste y sometimiento, el problema ya no es un expediente.
El problema es el sistema completo y la red de complicidades.
Cuando la justicia deja de buscar verdad y aplazar los tiempos, los tribunales dejan de impartir justicia.
La tragedia no es únicamente que existan expedientes sin pruebas, sino que haya jueces dispuestos a sostenerlos indefinidamente.
FACTA NON VERBA
