- Por Carlos Sahagún
El caso del líder cetemista Isidro Santamaría Casanova, revela la degradación del sistema de justicia y la peligrosa complicidad entre fiscalías y juzgados cuando el poder se utiliza como instrumento de persecución.
En México ya no basta con ser inocente.
Hoy también hay que sobrevivirle a los fiscales.
En teoría, el fiscal investiga delitos, reúne pruebas y sostiene una acusación.
El juez, por su parte, debe actuar con imparcialidad y garantizar el debido proceso.
Así debería funcionar la justicia en un Estado de Derecho.
Pero en la práctica, muchos expedientes parecen construirse no para esclarecer hechos, sino para destruir personas.
El término coloquial “jueces del bienestar” comenzó a utilizarse para referirse a juzgadores vinculados políticamente al nuevo régimen tras las reformas judiciales recientes.
Pero existen casos donde las resoluciones, las omisiones y las dilaciones terminan alimentando la sospecha de una justicia subordinada a intereses políticos y económicos.
El caso Santamaría encaja peligrosamente en ese patrón.
- Lo digo con conocimiento directo de expedientes y actuaciones ministeriales.
Detrás de este proceso existen inconsistencias, dilaciones sistemáticas, presuntas presiones económicas y una maquinaria institucional que parece diseñada para castigar antes que para probar.
La historia comienza el 16 de marzo de 2019, cuando agentes de la Fiscalía General de la República irrumpieron en el bar Dassan, en la zona hotelera de Cancún, mediante una orden de cateo derivada de la carpeta FED/CUN/0180/2019.
Aquel operativo derivó en el aseguramiento de cerca de 50 bailarinas extranjeras.
Después vino lo más delicado: la ampliación de la carpeta para acusar a Isidro Santamaría de trata de personas con fines de prostitución.
La supuesta acusación descansaba en denuncias anónimas atribuidas a cuatro bailarinas que jamás fueron identificadas públicamente y que nunca comparecieron a ratificar denuncia alguna.
Aun así, se giró orden de aprehensión.
Aun así, fue vinculado a proceso 2 años, plazo en el que debió ser liberado o sentenciado.
No hubo pruebas, aun así, pasó más de tres años y medio encarcelado bajo prisión preventiva, violando sus derechos.
Ocho años después, la FGR sigue sin presentar pruebas concluyentes ni testigos directos que sostengan la acusación de trata.
- Eso no es justicia pronta y expedita.
Por falta de pruebas, obtuvo su libertad por cambio de medida cautelar, pero la carpeta de investigación jamás fue cerrada.
Con el paso del tiempo, varios fiscales de la FGR que participaron en aquella investigación federal terminaron integrándose a la Fiscalía General del Estado, coincidentemente bajo la gestión de Raciel López Salazar, que también trabajo en la FGR.
Y entonces ocurrió algo todavía más inquietante.
En 2025, desde la Fiscalía estatal, se reactivó un expediente de 2018 para acusar nuevamente a Santamaría, ahora como presunto autor intelectual de un homicidio por el cual nunca había sido imputado ni detenido.
Siete años después, con una carpeta desempolvada y con elementos cuestionados por la defensa, sin datos de prueba sólidos, la Fiscalía estatal solicitó nuevamente orden de aprehensión.
Santamaría se amparó y permaneció resguardado en la sede de la CTM esperando protección judicial.
- En 8 años la FGE no tiene a un autor material del asesinato por el cual acusa a Santamaría, ni pruebas.
Pero entonces ocurrió una sincronización institucional difícil de ignorar.
La FGR promovió un cambio de medida cautelar en el caso federal de trata —proceso en el que previamente se le había concedido libertad precisamente por falta de pruebas— obligándolo a comparecer ante un juez federal.
Y al arribar a dicha audiencia, ya lo esperaban policías ministeriales de la Fiscalía estatal para detenerlo. Había evidente complicidad entre fiscalías.
El mensaje fue brutal:
- primero te citan…
- y después te cazan.
Desde entonces, este proceso ha estado marcado por retrasos y anomalías.
Fue vinculado a proceso el 25 de noviembre de 2025.
La defensa tenía derecho a recibir la toca penal para iniciar formalmente la impugnación correspondiente en un plazo razonable.
Han transcurrido más de 170 días (6 meses) desde la vinculación y la asignación sigue sin concretarse.
Mientras tanto, según la propia defensa, la Fiscalía tampoco ha presentado pruebas concluyentes en audiencias clave, prolongando deliberadamente el procedimiento.
La estrategia parece evidente:
- Mantener vivo el proceso, aunque el expediente agonice.
- Pareciera que el castigo no consiste en una sentencia, sino en el proceso mismo.
- Destruir reputaciones.
- Vaciar patrimonios.
- Agotar emocionalmente al acusado.
- Convertir los expedientes en mecanismos de presión y control.
Y lo más grave:
sin consecuencias para los funcionarios responsables.
Cuando fiscales fabrican casos, manipulan tiempos procesales o utilizan la prisión preventiva como herramienta de presión política o económica, no solo violan derechos humanos.
También dinamitan la credibilidad completa del sistema judicial.
El caso Isidro Santamaría no debería preocupar únicamente a sindicatos o actores políticos.
Debería preocuparnos a todos.
Porque cuando la justicia deja de buscar verdad y comienza a servir intereses, ningún ciudadano está realmente protegido.
Cuando el poder judicial deja de impartir justicia y comienza a administrar venganzas, el Estado deja de ser garante de derechos… y se convierte en una amenaza para sus ciudadanos.
